La corte castellana
envió en 1515 a Juan Díaz de Solís a explorar la costa sudamericana, y tal vez
a buscar un paso hacia las Indias Orientales. Solís costeó el litoral de lo que
en la actualidad es Brasil y entró en el Río de la Plata el 20 de enero de
1516, reconociendo la bahía de Montevideo y la isla de Martín García. Su muerte
en una emboscada que le tendieron los indígenas en la costa norte del río que
había llamado mar Dulce, provocó el regreso de la expedición. Sebastiano
Caboto, navegante italiano al servicio de España, penetró en el Río de la Plata
en abril de 1527, exploró el río Uruguay y remontó el Paraná, levantando cerca
de la desembocadura del Carcarañá el fuerte de Sancti Spiritus, primer asiento
europeo en el Plata. Descubrió luego los ríos Paraguay y Pilcomayo. Caboto, que
no abandonó la región durante casi cuatro años, obtuvo plata de los nativos, un
metal que pronto sirvió para nombrar a la cuenca de estos ríos y a la mayor
parte de las regiones circundantes.
Hacia 1534 Pedro de
Mendoza, noble y rico cortesano, aunque de poca experiencia marítima, pidió “encarecidamente”
a Carlos V le concediera una ‘Jornada a Indias’ a su costo. A Mendoza no sólo
le entusiasmaba la idea de participar en la colonización (con el fin de
contrarrestar los avances portugueses en el Río de la Plata), sino que llegaba
a las Indias con la esperanza de encontrar una cura contra su sífilis. En
febrero de 1536, Mendoza fundó a orillas del Riachuelo el fuerte de Santa María
del Buen Aire, nombre que se transformaría con el tiempo en Buenos Aires. Sin
embargo, la falta de alimentos y la hostilidad de los nativos provocó que los
conquistadores abandonaran el lugar cinco años después.
En 1537, uno de los
lugartenientes de Mendoza, Juan Salazar de Espinosa, fundó Asunción (en la
actualidad, capital de Paraguay), que fue el primer asentamiento permanente en
la cuenca del Río de la Plata. Desde su base en Asunción, los españoles fueron
gradualmente controlando todo el territorio situado entre los ríos Paraná y
Paraguay. Entretanto, las favorables condiciones naturales hicieron que los
pequeños rebaños de ganado traídos desde España se multiplicaran y extendieran
por la Pampa, creando una situación apta para una economía agrícola estable.
Santiago del Estero, el
primer asentamiento permanente de lo que hoy es territorio argentino, fue
fundado en 1553 por colonizadores españoles procedentes de Perú. En 1573 fueron
fundadas Córdoba y Santa Fe, y en 1580 Juan de Garay inició la segunda y
definitiva fundación de Buenos Aires.
En 1620, toda la región
del Río de la Plata quedó bajo el control administrativo del virreinato del
Perú. Debido a la restrictiva política comercial del gobierno español, la
colonización de la región fue lenta durante el siglo siguiente. Buenos Aires,
centro de un floreciente tráfico de productos importados, creció constantemente
y a mediados del siglo XVIII su población se acercaba a los 20.000 habitantes.
En 1776, el territorio que actualmente ocupan Argentina, Bolivia, Paraguay y
Uruguay fue separado de Perú para crear el virreinato del Río de la Plata.
Desde un punto de vista institucional, el hecho más importante fue la
designación de Pedro Antonio de Cevallos como virrey del Río de la Plata. La
corte española se decidió por Buenos Aires como capital del virreinato, entre
otras cosas por su fácil acceso a España a través de la navegación atlántica.
Aunque si bien Buenos Aires era la capital, otras ciudades importantes tenían
jurisdicción propia.
En 1806, dentro del
periodo histórico conocido como invasiones inglesas al Río de la Plata, Buenos
Aires fue atacada por una flota británica al mando del almirante Home Riggs
Popham. El gobierno inglés suponía a la colonia mal defendida, con una
población enemistada con su gobierno y proclive a los invasores que la liberarían
del yugo español. Cuando el 25 de junio de 1806 los ingleses desembarcaron en
la costa de Quilmes, el virrey, Rafael de Sobremonte, optó por retirarse al
interior dejando la capital en manos del invasor, delegando el mando político
en la Audiencia, y llevándose las cajas reales. Esta actitud fue la causa de su
ruina política.
Políticamente, la
decisión de Sobremonte no sólo deterioró profundamente la imagen del virrey
sino que provocó una crisis profunda de la autoridad virreinal. Los invasores
ocuparon la ciudad, pero fueron expulsados por una milicia popular. La nueva
fuerza expedicionaria que el gobierno británico envió a Buenos Aires fue
forzada a rendirse en 1807. La expulsión de los ingleses fue posible por el
entusiasmo del pueblo, guiado por Santiago Liniers y Bremond, quien fue
nombrado virrey por Buenos Aires, luego de deponer a Rafael de Sobremonte.
Estos acontecimientos
tuvieron consecuencias imprevistas: los miembros de la colonia, los criollos,
habían comprobado su capacidad de combate y la ineficacia de las autoridades
españolas, por lo que pronto participaron de forma activa en el movimiento
independentista que había a comenzado a extenderse por los territorios de
Sudamérica bajo soberanía española.
El sentimiento
revolucionario en la región alcanzó su apogeo en el periodo siguiente al
destronamiento del rey español Fernando VII por parte de Napoleón I Bonaparte
en 1808. El pueblo de Buenos Aires se negó a obedecer a José I Bonaparte,
hermano de Napoleón, que se instaló en el trono español. Al ser Liniers de
nacionalidad francesa, y debido a sus simpatías bonapartistas, se inclinó hacia
el bando francés. La Junta de Sevilla —creada para mantener la resistencia
contra los franceses— decidió en 1809 que éste debía entregar el poder a un nuevo
virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros.
El 25 de mayo de 1810,
los integrantes del cabildo abierto de la ciudad (que había sido convocado el
día 22) decidieron deponer al virrey e instauraron un gobierno provincial, la
Primera Junta de Gobierno, que actuaba en nombre de Fernando VII. Poco tiempo
después, el gobierno provisional rompió con los representantes del monarca y
lanzó una enérgica campaña para llevar al interior del país la revolución, si
bien resultó un fracaso. Sin embargo, las tropas realistas sufrieron
importantes derrotas en 1812 y 1813. Después de la Revolución de mayo, algunas
ciudades —como Córdoba— se opusieron a la decisión arbitraria de Buenos Aires y
surgieron algunos movimientos antirrealistas. Mientras tanto, Buenos Aires
decidió enviar expediciones para propagar el movimiento revolucionario. En 1812
llegaron José de San Martín y Carlos de Alvear para ponerse al frente del
Ejército rebelde, proporcionándole un carácter más profesional. Fue San Martín
el encargado de organizar el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tuvo tanta
importancia en las guerras de la independencia argentina y que tuvo su bautismo
de fuego el 3 de febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo. Con
posterioridad se dirigió a Cuyo, donde organizó el Ejército de los Andes, con
el que cruzó a Chile y Perú.
Entre 1810 y 1815 se sucedieron varios gobiernos: Primera Junta, Junta Grande, Primer Triunvirato, Segundo Triunvirato; todos ellos tenían su sede en Buenos Aires y asumieron las mismas funciones del virrey. Se enviaron expediciones al Alto Perú y a Paraguay para que estos territorios se adhirieran a la nueva forma de gobierno, pero al estar dominados por los españoles, optaron por permanecer separados. En 1814, Fernando VII volvió a ocupar el trono de España y los que luchaban en el Alto Perú habían retrocedido hasta Salta; por lo tanto, fue necesaria la declaración oficial de independencia, que se proclamó en 1816 en el Congreso de Tucumán.
Durante 1814 y 1815, en
los territorios liberados —que nominalmente todavía estaban sujetos a la Corona
española— cristalizó el sentimiento favorable a la independencia absoluta. Los
representantes de las distintas provincias se reunieron en Tucumán en marzo de
1816; el 9 de julio de ese año, los delegados proclamaron la independencia de
España y declararon la constitución de las Provincias Unidas de América del
Sur, más tarde, denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata.
Se designó a un director
supremo para encabezar el nuevo Estado y se sancionó una Constitución
centralista que no tuvo vigencia. Por ese tiempo, las ideas federalistas, que
estaban en auge, suponían un auténtico contrapunto a las ideas unitarias de los
porteños; esto dio lugar a un enfrentamiento conocido como la primera batalla
de Cepeda en 1820. Los caudillos federalistas Estanislao López y Francisco
Ramírez derrotaron a las tropas del gobierno nacional (o Directorio). Se puso
en marcha, así, una especie de federalismo unigénito a partir de la formación
de las 13 provincias, que en 1834 pasaron a ser 14, al separarse Jujuy de
Salta. El problema que había que resolver era la formación de un gobierno
estable después de la caída del Directorio. Las hostilidades entre las dos
facciones fueron en aumento y provocaron un enfrentamiento civil en 1819. En
1820 se restableció la paz, pero el problema principal —la constitución de un
gobierno fuerte— quedó sin resolver.
Durante la mayor parte
de la década de 1820 se extendió el caos y el desorden político en las
Provincias Unidas, situación que hubiera continuado de no ser por la guerra con
Brasil, que exigía una forma de organización constitucional. Buenos Aires
convocó una reunión de las provincias en 1824. En el Congreso, que estuvo dominado
por los unitarios, se eligió a Bernardino Rivadavia como presidente, en tanto
que Buenos Aires se convertía en el territorio con mayor poder en la República
Argentina (denominación que comenzó a usarse a partir de ese momento).
Argentina le declaró la guerra a Brasil en diciembre de 1925 por la ocupación
de la Banda Oriental; Brasil fue derrotado y la Banda Oriental se declaró
independiente, al igual que Bolivia (Paraguay se mantenía neutral).
Para 1926 se había
puesto de manifiesto el fracaso del régimen unitario, por lo que se volvió a la
antigua forma de organización, en la que cada provincia tenía capacidad de
autogobierno, en tanto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se
hacía cargo de las relaciones internacionales. En 1828 Manuel Dorrego,
gobernador federal en quién el resto de los gobernadores confiaban, fue
depuesto y fusilado por el general unitario Juan Lavalle, dando lugar a una
guerra civil. En Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas fue el encargado de
resistir a los golpistas y en 1829 fue elegido gobernador, restituyendo la
cámara legislativa.
Las provincias del
interior constituyeron, en agosto de 1830, la llamada Liga Unitaria o Liga del
Interior, que, en un primer momento, derrocó a los gobiernos federales y se
enfrentó al poder de Buenos Aires, dando origen, como respuesta, al Pacto
Federal en enero de 1831 (integrado por Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe).
En este pacto se acordó que, cuando se dieran las condiciones, se erigiría un
gobierno federal. Además, se estableció un compromiso militar para defenderse
de los posibles ataques unitarios, lo que permitió vencer al general José María
Paz y terminar con la etapa anárquica.
Entre 1829 y 1832, Rosas
había logrado poner en orden y pacificar la provincia de Buenos Aires; solicitó
entonces que se le otorgaran facultades extraordinarias para poder continuar
con su labor, pero le fueron negadas y se sucedieron algunos gobernadores en el
cargo. En 1834 se produjo una guerra entre las provincias de Tucumán y Salta;
Rosas ordenó a Juan Facundo Quiroga, caudillo riojano y delegado de Buenos
Aires, mediar en el conflicto, pero fue asesinado en Barranca Yaco, dejando al
país bajo la poderosa y única influencia de Rosas, que asumió la gobernación de
Buenos Aires entre 1835 y 1852.
Durante 17 años Rosas se
mantuvo en el poder, sosteniendo que aún no se daban las condiciones para la
formación de un régimen federal, promoviendo la autonomía de cada una de las
provincias. Su gobierno fue conservador y proteccionista, al punto de volverse
anacrónico. Durante esos años, además, se sucedieron varios bloqueos del puerto
de Buenos Aires por parte de Gran Bretaña y Francia, que fueron resistidos con
éxito por las provincias.
En 1852 Justo José de
Urquiza, caudillo de la provincia de Entre Ríos, defensor de una organización
territorial basada en una Constitución central, encabezó una revolución en
contra de Rosas, cuyo momento culminante fue la batalla de Caseros, en la que
las tropas de Rosas fueron derrotadas. Estando ya asentadas la bases de la
organización nacional, pudo promulgarse una Constitución en 1853, a pesar de
que Buenos Aires se negó a firmarla.
Urquiza fue elegido presidente
bajo la nueva Constitución, aunque la ciudad de Buenos Aires permaneció
separada bajo la influencia de Bartolomé Mitre. En 1859 se firmó el Pacto de
San José de Flores por el cual el Estado de Buenos Aires pasaba a integrar la
Confederación, pero hicieron falta dos batallas (una en Cepeda, en octubre de
1859, y otra en Pavón, en septiembre de 1861) para finalizar con la división
que afectaba al territorio argentino. En 1862 se celebraron elecciones mediante
las que Mitre fue elegido presidente de la Confederación Argentina, con su
capital en Buenos Aires.
En marzo de 1865, el
litigio entre Paraguay y Uruguay hizo que las tropas paraguayas entraran en
territorio argentino, dando lugar a la sangrienta guerra de la Triple Alianza
(que enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay con Paraguay). Entre 1866 y 1870
los ejércitos de los tres países invadieron Paraguay, matando a las dos
terceras partes de la población paraguaya (90% de la población masculina).
A Mitre siguieron los
gobiernos de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda
(1874-1880). A pesar de que no existió limpieza electoral en los comicios que
les condujeron a la jefatura del Estado, estas tres presidencias sentaron los
cimientos de la construcción de la Argentina moderna. Las actuaciones
prioritarias se centraron en la educación, la inmigración y la libertad
económica.
Durante la presidencia
de Avellaneda se realizó la primera campaña al Desierto, empresa a cargo de
Julio Argentino Roca, que buscaba incorporar los territorios patagónicos a la
Confederación. Esta campaña ha sido duramente criticada por la excesiva
crueldad con la que se atacó a los aborígenes argentinos. Además, debido a un
conflicto de poderes entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el
presidente de la Nación, la ciudad de Buenos Aires fue proclamada Capital
Federal y Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, fundó en 1882 la ciudad de
La Plata con el fin de establecer una capital provincial diferenciada.
Roca fue elegido
presidente de la Nación, lo que dio lugar al inicio de una etapa de gran
progreso económico, institucional y educativo, integrándose el país al comercio
mundial y convirtiéndose en una de las principales naciones exportadoras de
materias primas del mundo.
A pesar de los adelantos
de la Argentina, la clase media y los sectores populares quedaron postergados
durante muchos años, lo que provocó el estallido de numerosos levantamientos de
diversa índole (como los que tuvieron lugar 1890, 1893 y 1905), si bien todos
ellos pudieron ser controlados por el gobierno.
En otro orden de cosas,
durante los primeros años del siglo XX, se desarrolló de manera creciente la
inmigración de un gran número de europeos, que fue promovida por los
gobernantes argentinos en búsqueda de un incremento rápido de la población del
país mediante la llegada de un abundante contingente de trabajadores.
El sufragio no era
universal y las elecciones eran fraudulentas, por lo que el presidente del país
era elegido por un sector elitista. Esto cambió cuando, en 1912 y gracias al
impulso dado por el presidente Roque Sáenz Peña, se promulgó una ley (conocida
popularmente como Ley Sáenz Peña) por la cual el voto pasó a ser secreto y
obligatorio para toda la población masculina. Bajo el marco de esta nueva ley,
en 1916 fue elegido presidente Hipólito Yrigoyen, representante de la clase
media y candidato por la Unión Cívica Radical.
Durante el gobierno de
Yrigoyen y de su sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, la Argentina mantuvo una
posición neutral durante la I Guerra Mundial, lo que la convirtió en una de las
naciones más ricas del mundo.
La crisis económica
mundial que estalló en 1929 tuvo serias repercusiones en la Argentina. El
desempleo y otras dificultades provocaron una profunda inquietud social y
política que llevó a que en septiembre de 1930, a dos años de que comenzara la
segunda presidencia de Yrigoyen, los conservadores, aliados con los militares y
dirigidos por José Félix Uriburu, dieran un golpe militar que interrumpió, por
primera vez desde 1853, la continuidad constitucional argentina, poniendo a la
oligarquía nuevamente en el poder.
Este periodo, conocido
como la ‘Década Infame’ (aunque otros autores prefieren emplear la expresión,
mucho más aséptica, de ‘Restauración Conservadora’), caracterizado por el
fraude electoral y la corrupción. Las condiciones económicas mejoraron durante
el mandato del general Agustín Pedro Justo, aunque se intensificó la agitación
política, que culminó con fallidas rebeliones de la Unión Cívica Radical en
1933 y 1934. En mayo de 1936, en los comicios presidenciales convocados para
renovar el cargo, resultaron electos Roberto María Ortiz como presidente y
Ramón Castillo como vicepresidente, gracias al fraude electoral generalizado.
Sin embargo, Ortiz tomó fuertes medidas para fortalecer la democracia: se
reprimieron actividades subversivas de los agentes alemanes, que se habían
incrementado tras la victoria del nacionalsocialismo en Alemania, y la corrupta
maquinaria electoral del país fue desarticulada. Al estallar la II Guerra
Mundial, Ortiz decidió mantener la posición neutral que Argentina había tomado
durante la Gran Guerra.
En julio de 1940, Ortiz renunció
a su cargo por enfermedad, asumiendo la presidencia Ramón Castillo, un
conservador que abandonó la línea seguida en política interior y exterior por
su predecesor, aunque mantuvo la neutralidad, y aún luego del ataque a Pearl
Harbor se negó a romper relaciones con las potencias del Eje.
Castillo fue depuesto de
su cargo en 1943 por un grupo de militares encabezado por Arturo Rawson,
partidario de la ruptura de relaciones con Alemania y Japón, y contrario a la
designación de Robustiano Patrón Costas como sucesor de aquél. Sin embargo, y
debido a las rivalidades internas dentro del grupo que había provocado el
golpe, Rawson fue obligado a dimitir y la presidencia provisional fue asumida
por el general Pedro Pablo Ramírez, otro de los líderes del golpe. Poco
después, Ramírez disolvió los partidos políticos, cerró los diarios de la
oposición y sofocó los últimos restos de democracia en el país. Debido al
aislamiento económico por parte de Estados Unidos, en enero de 1944 el gobierno
se vio obligado a declarar la ruptura de relaciones con Alemania y Japón.
Temerosa de que Ramírez
se dispusiera a declarar la guerra a Alemania por la presión de Estados Unidos,
una Junta Militar, los llamados ‘coroneles’ (integrados en una influyente logia
militar denominada Grupo de Oficiales Unidos), le obligó a renunciar el 2 de
febrero de 1944 (dada la simpatía que esta Junta Militar tenía por las fuerzas
del Eje, el mantenerse neutral se debió a la inseguridad de sus miembros
respecto al resultado de la contienda y al interés por sostener una relación
óptima fuera quien fuera el ganador). Uno de los personajes centrales de esta
Junta era el coronel Juan Domingo Perón, quien había ocupado el puesto de
subsecretario de Trabajo durante el régimen de Ramírez, continuando en dicho
cargo tras su sustitución por el general Edelmiro Julián Farrel, de quien era
su vicepresidente. Además, Perón estaba a la cabeza del Ministerio de Guerra,
lo que lo convertía en un hombre de muy amplio poder.
A pesar de las
alegaciones de solidaridad con la causa aliada, el gobierno siguió reprimiendo
toda actividad democrática y protegiendo a los agentes alemanes. En julio, el
gobierno estadounidense acusó a la Argentina de ayudar a las potencias del Eje.
Finalmente, el 27 de marzo de 1945, cuando la victoria de los aliados en Europa
estaba asegurada, Argentina declaró la guerra a Alemania y Japón. Al mes
siguiente, el gobierno firmó el Acta de Chapultepec, un convenio de asistencia
mutua de las naciones americanas contra la agresión extranjera. Argentina fue
miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de
ese año.
El trato que Perón tenía
con los sindicatos argentinos, sumado a la constante lucha librada contra los
comunistas, provocó que la corriente mayoritaria del sindicalismo en Argentina
fuera principalmente católica y conservadora. Además, cuando el gobierno de
Farrel intentó destituir a Perón con el fin de contrarrestar su creciente poder
en la vida política, un gran número de trabajadores salió a la calle el 17 de
octubre de 1945 a reclamar su restitución en el cargo. Esta fecha ha pasado a
ser considerada el punto de arranque del peronismo en tanto que movimiento
político de masas.
Cuando a comienzos de
1946 el gobierno militar de Ramírez convocó elecciones, apareció en Argentina
una nueva agrupación electoral, el peronismo, auspiciada por el gobierno.
Organizado formalmente como Partido Laborista y con Perón como candidato a la
presidencia, este grupo obtuvo sus principales apoyos entre los sectores más
desfavorecidos de la clase trabajadora rural y urbana. Los peronistas
realizaron una exitosa campaña entre estos trabajadores, conocidos popularmente
como ‘descamisados’, con promesas de tierra, mayores salarios y el
establecimiento de un sistema de seguridad social. Perón resultó electo con una
amplia diferencia respecto a su opositor, José Tamborini.
Meses antes, Perón había
contraído matrimonio con una actriz, Eva Duarte, quien, como primera dama de la
Argentina, dirigió las relaciones sindicales y los servicios sociales puestos
en marcha por el gobierno de su marido, hasta su prematura muerte en 1952.
Adorada por las masas, influyó para que se estableciera el sufragio femenino
(logrando la integración de la mujer en la vida política argentina) y fue, más
que nadie, la responsable de la popularidad del régimen de Perón (quien
manejaba a las masas con consumada habilidad). En octubre de 1946, Perón
promulgó un ambicioso plan quinquenal para la expansión de la economía, que
consistía principalmente en utilizar el gasto público como medio para reactivar
el mercado luego de la recesión por la que había pasado.
En marzo de 1949, la
Asamblea Constituyente convocada por Perón promulgó una nueva Constitución que
permitía la reelección del presidente para un segundo mandato consecutivo e
incluía novedosos artículos relacionados con los derechos de los trabajadores.
Aprovechando la nueva ley fundamental, el Partido Justicialista (peronista)
designó candidato a Perón para los comicios de 1952.
Poco a poco, fueron
creciendo las críticas contra el régimen por parte de los partidos y la prensa
de oposición. La mayoría peronista en el Congreso tomó represalias en
septiembre de ese año, aprobando leyes que contemplaban el encarcelamiento de
personas que se mostraran ‘irrespetuosas’ con los dirigentes gubernamentales, y
durante los siguientes meses varios opositores al régimen fueron encarcelados.
Poco después, el Congreso instituyó nuevas medidas de represalia, entre ellas
la supresión de la Prensa opositora. La Prensa, el principal periódico
independiente, fue cerrado en marzo de 1951; al mes siguiente, el Congreso
aprobó una ley que expropiaba el periódico. Antes de las elecciones, que se
celebraron en noviembre de 1951, en lugar de febrero de 1952 (la fecha
inicialmente prevista), se impusieron severas restricciones a los partidos de
la oposición. Perón fue reelegido por una amplia mayoría y sus candidatos
obtuvieron 135 de los 149 escaños de la Cámara de Diputados.
En enero de 1953, el
gobierno lanzó un segundo plan quinquenal que hacía hincapié en el incremento
de la producción agrícola en lugar de la industrialización, objetivo del primer
plan, y reducía muy considerablemente el gasto público. Durante 1953 Argentina
formalizó importantes acuerdos económicos y comerciales con diversos países,
especialmente con Gran Bretaña, la Unión Soviética y Chile. En 1953, el
intercambio produjo una balanza comercial favorable por primera vez desde 1950.
Sin embargo, la presión inflacionista, que desde 1948 había provocado un
incremento de más del 200% en el costo de la vida, no cesó.
Perón controlaba la prensa,
las masas obreras, el Ejército y las empresas, pero no la Iglesia; por esta
causa puede entenderse que en los meses siguientes se profundizara el abismo
entre la Iglesia y el Estado, que durante la primera presidencia de Perón
habían estado aliados, pero luego del cambio de actitud de Perón la Iglesia
pasó a ser el baluarte de la dispersa oposición.